En una maniobra de último momento para evitar un nuevo salto en los precios de las pizarras, el Gobierno nacional decidió suspender el aumento del Impuesto a los Combustibles (IDC e ICL) previsto para abril. La medida, se suma a la reciente flexibilización en la mezcla de bioetanol como parte de un paquete de emergencia para mitigar la presión que el crudo Brent ejerce sobre las cuentas públicas y el bolsillo de los consumidores.
Estrategia de contención: impuestos y biocombustibles
Desde la Secretaría de Energía de la Nación subrayaron que la suspensión impositiva trabaja en tándem con la Resolución 79/2026, que permite elevar voluntariamente el corte de bioetanol hasta el 15%. “De esta forma... se toman medidas para mitigar el impacto de la suba del petróleo en surtidor y acompañar al consumidor”, explicaron fuentes oficiales.
La lógica detrás de esta "flexibilidad" técnica es permitir que las refinadoras reemplacen el componente fósil (más caro por la crisis en Medio Oriente) por bioetanol local, que hoy resulta más competitivo. Según la cartera energética, la adecuación del límite de oxígeno era el paso necesario para que las empresas puedan decidir la composición de sus mezclas sin afectar la calidad del combustible final.
El "crack spread" en caída: la rentabilidad de las refinadoras bajo fuego
Pese al congelamiento impositivo, la situación del sector es crítica. Un informe del IIEP revela que, en lo que va de marzo, la nafta súper ya acumula un aumento del 16%, mientras que el gasoil subió un 15,6%. Lo más preocupante es el desfasaje frente al precio internacional: el crudo subió un 30% interanual, pero ese incremento no se trasladó totalmente al surtidor para evitar un colapso del consumo.
Quienes están absorbiendo este costo son las refinadoras no integradas, cuyo margen de rentabilidad se ha desplomado. El crack spread, indicador clave que mide la diferencia entre el costo del barril de petróleo y el precio de los productos refinados, pasó de USD 59 en diciembre de 2025 a USD 40,5 en la actualidad. Esta caída de casi 18 dólares por barril pone en jaque la sostenibilidad financiera de las empresas que no producen su propio crudo.