El sector de las energías renovables en la Argentina ha ingresado en una etapa de profunda incertidumbre regulatoria y financiera tras concretarse, el pasado 31 de diciembre de 2025, el vencimiento definitivo de la Ley 27.191 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía). La caída de esta normativa, que funcionó durante una década como la piedra angular para la radicación de inversiones eólicas, solares y de biomasa, deja a la industria sin su principal red de contención fiscal, aduanera y crediticia, interrumpiendo un ciclo de expansión histórica en el entramado de generación eléctrica nacional.
La finalización de este régimen de incentivos adquiere una relevancia geopolítica crítica en este mes de mayo de 2026. La persistencia de los conflictos armados en Oriente Medio ha desatado una nueva crisis energética global, caracterizada por una marcada volatilidad y una fuerte tendencia al alza en el precio internacional del petróleo crudo. Si bien este escenario global vuelve a colocar a las fuentes alternativas en el centro de la agenda estratégica para mitigar la dependencia de los combustibles fósiles, la falta de un marco normativo de reemplazo en el plano local amenaza con aislar a la Argentina de los flujos de capitales que buscan financiar la transición energética.
El balance de una década ganada: USD 11.500 millones y 7.200 MW adicionales
De acuerdo con un riguroso análisis técnico elaborado por la consultora internacional KPMG, la caducidad del régimen impositivo marca "un punto de inflexión" para la actividad, dado que los nuevos proyectos en carpeta ya no disponen de los mecanismos de mitigación de riesgo que resultaban determinantes para capturar el financiamiento de la banca multilateral.
El impacto de la Ley 27.191 a lo largo de sus diez años de vigencia transformó por completo la matriz de generación del país. Según los datos del informe oficial "RenovAr Programme Case Study", elaborado por la organización especializada RELP, el marco de fomento arrojó resultados contundentes:
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Inversión Directa: Movilizó un total de USD 11.500 millones en capital de riesgo.
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Proyectos Operativos: Consolidó la puesta en marcha de 193 parques de generación a lo largo del territorio nacional, sumados a otros 44 proyectos que actualmente se encuentran en fase de construcción.
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Salto de Escala: La potencia instalada de fuentes limpias se expandió en aproximadamente 7.200 MW, lo que permitió multiplicar por diez el volumen de generación verde en apenas una década.
Este despliegue alteró de forma estructural la participación de las renovables sobre la demanda eléctrica total. Mientras que en el año 2015 el aporte de estas tecnologías era marginal, representando apenas el 1,9% del consumo nacional (basado casi con exclusividad en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos tradicionales), al cierre del ejercicio 2025 el indicador trepó hasta el 18,9%, quedando a escasas décimas de la meta formal del 20% que la propia ley había fijado como un objetivo de Estado para el país. Asimismo, la matriz se diversificó tecnológicamente: en la actualidad, cerca del 70% de la oferta verde proviene de los parques eólicos (con la Patagonia y el sur de Buenos Aires como polos de referencia) y un 19% corresponde a los desarrollos de energía solar fotovoltaica en las regiones del NOA y Cuyo.
La pérdida de los motores de crecimiento: Adiós al FODER y al IVA anticipado
El éxito en la radicación de los proyectos de gran escala estuvo directamente apalancado en un agresivo menú de incentivos fiscales diseñados por la normativa fenecida. El andamiaje legal incluía esquemas de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las etapas constructivas, exenciones aduaneras totales para la importación de componentes críticos no fabricados localmente y la emisión de certificados fiscales transferibles para compensar cargas tributarias operativas.
En el plano estrictamente financiero, el pilar del programa fue la constitución del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER). Este fideicomiso público actuó como una sólida estructura de garantía soberana y de liquidez, respaldando de forma directa los contratos de abastecimiento de energía a largo plazo (PPA) adjudicados mediante las sucesivas rondas del programa RenovAr. La solidez del FODER, respaldada en su momento por garantías del Banco Mundial, permitió mitigar el riesgo de default comercial de la distribuidora mayorista Cammesa y facilitó a las corporaciones privadas el acceso a tasas de interés competitivas en los mercados financieros del exterior.
Los límites del MATER y las asimetrías del RIGI
Con la pérdida de vigencia de la norma, el sector privado enfrenta un vacío legal complejo. El programa RenovAr ha dejado de funcionar como un canalizador de nuevos contratos y el dinamismo de la industria se había trasladado parcialmente al Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), donde los generadores privados venden energía limpia de forma directa a los grandes usuarios industriales. Sin embargo, el MATER ha comenzado a mostrar severos síntomas de saturación debido a condicionantes de infraestructura ajenos a la voluntad de las empresas: las redes de transporte eléctrico en alta tensión se encuentran al límite de su capacidad técnica y la falta de obras de ampliación en el sistema troncal de líneas de transmisión impide la interconexión de nuevos parques.
Frente a esta parálisis de las herramientas específicas de la Ley 27.191, el único canal de incentivos disponible en la actualidad para el sector energético es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Si bien este marco de promoción general otorga sustanciales beneficios cambiarios e impositivos a proyectos de gran envergadura, introduce una marcada asimetría en el mercado de las tecnologías limpias.
Hasta el momento, solo los grandes jugadores corporativos han logrado traspasar el estricto umbral de capital exigido por el RIGI; un ejemplo testigo es la firma YPF Luz, que obtuvo la aprobación oficial para desarrollar el parque solar fotovoltaico El Quemado en la provincia de Mendoza (un desarrollo de 305 MW de potencia que requerirá un desembolso de USD 211 millones). No obstante, la gran mayoría de los desarrollos de energías renovables en la Argentina, caracterizados por parques solares medianos, proyectos de biomasa regional o pequeños aprovechamientos, quedan marginados del amparo del régimen por cuestiones estrictas de escala de inversión, deteniendo el proceso de diversificación regional de la matriz.