El vínculo contractual de la empresa neerlandesa con ambos proyectos abrió una discusión sobre el alcance de la legislación local de hidrocarburos y la efectividad del marco punitivo frente a proveedores globales.
Respecto de la controversia por el contrato de VMOS, la normativa sancionatoria y los costos operativos del offshore en Malvinas, se destacan los siguientes datos centrales:
En relación con la superposición de acuerdos comerciales, Bluewater Energy Services (BES) firmó con la israelí Navitas Petroleum el suministro de la plataforma para Sea Lion mientras mantenía vigente su contrato con el consorcio VMOS (liderado por YPF). Al respecto, desde el proyecto VMOS aclararon: “El proceso de contratación de las monoboyas a Bluewater Energy Services (BES) cumplió con todos los requisitos establecidos por los procedimientos internos de compliance de la compañía y con la normativa nacional vigente. Al momento de la firma del contrato, el 12 de junio de 2025, Bluewater Energy Services (BES) no mantenía relación alguna con empresas vinculadas al proyecto Sea Lion”.
En cuanto a el traslado de la infraestructura a Río Negro, las dos monoboyas de VMOS completaron en agosto de 2026 una de las travesías logísticas más complejas al cruzar el Estrecho de Ormuz. Sobre el avance de las obras marítimas, el presidente de YPF, Horacio Marín, celebró: “El cruce representa uno de los tramos más críticos del traslado y confirma que la obra sostiene el cronograma previsto. Cada vez falta menos para que todo el potencial de Vaca Muerta se transforme en más producción, más exportaciones y más trabajo para los argentinos”. Se prevé su arribo a Punta Colorada a finales de octubre.
Sobre el alcance del nuevo decreto presidencial, la medida no crea penas nuevas sino que reglamenta la Ley 26.659 (modificada en 2013), extendiendo inhabilitaciones administrativas de 5 a 20 años a “accionistas, directores y proveedores” de las petroleras que actúen sin aval estatal, además de exigir una declaración jurada de cumplimiento para acceder al RIGI. El Gobierno ya había declarado "clandestinas" e inhabilitado por 20 años a Rockhopper Exploration (en 2013) y a Navitas Petroleum (en 2022).
En relación con los costos y la rentabilidad de Sea Lion, los pozos offshore en aguas disputadas demandan entre USD 70 millones y USD 140 millones cada uno, frente a los USD 10 a USD 20 millones de Vaca Muerta. Al analizar la volatilidad del crudo Brent (que ronda los USD 95 el barril), el ex secretario de Energía Daniel Montamat advirtió: “Como vienen dados los precios internacionales, que ya son muy fluctuantes, si bajan y suben los costos, por lejanía, zona de conflicto, no hay renta para apropiar y repartir. La explotación se vuelve no rentable”.
Endurecimiento regulatorio para la cadena logística global
La revelación del doble rol de Bluewater pone a prueba los mecanismos de compliance de las empresas argentinas y expone los dilemas del control regulatorio sobre proveedores internacionales de la industria energética.
Con las modificaciones planteadas por el Ejecutivo y el seguimiento de la Cancillería, las firmas globales deberán evaluar el riesgo de quedar inhabilitadas para operar en el mercado local si prestan servicios o equipamiento en las áreas disputadas del Atlántico Sur.