El megaproyecto nuclear RA-10, desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Centro Atómico Ezeiza, ingresó en su fase decisiva. Las autoridades confirmaron que las pruebas de puesta en marcha comenzarán antes de fin de año con el objetivo de iniciar las operaciones comerciales durante 2027. En paralelo, el Gobierno presentó un esquema de articulación público-privada para financiar y construir la planta de producción de radioisótopos asociada, una infraestructura clave para convertir la capacidad de irradiación del reactor en insumos para la medicina nuclear y la exportación.
Con la obra civil completada y un montaje de equipos al 96%, la iniciativa busca resolver la brecha de financiamiento para el procesamiento de materiales, garantizando que el Estado conserve de manera exclusiva la regulación, la seguridad y la salvaguardia nuclear.
Reactivación de obras, esquema público-privado y marco regulatorio
El avance del reactor mitiga la parálisis financiera que afectó al proyecto en gestiones previas y fija las bases comerciales para posicionar a la Argentina como un proveedor global clave de radioisótopos (como el Molibdeno-99).
Respecto del estado de las obras, la integración de inversiones privadas y el marco legal aplicable, se destacan los siguientes ejes centrales:
En relación con el avance físico de la obra, tras haber recibido el proyecto con un 52% de montaje y contratos paralizados, la obra civil e ingeniería fueron completadas, alcanzando hoy un 96% de avance global con 530 personas trabajando en el sitio. Sobre este hito, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, destacó: “Recibimos un proyecto paralizado, sin financiamiento para continuar los trabajos y sin una definición sobre cómo aprovechar su capacidad productiva. Hoy la construcción está prácticamente terminada, tenemos un cronograma para su puesta en marcha y un esquema para transformar esa inversión en producción para la Argentina y para el mundo”.
En cuanto a la incorporación de capital privado para la planta asociada, el Ejecutivo determinó que el financiamiento y la construcción de la planta donde se procesarán los materiales irradiados queden a cargo de inversores privados, quienes también participarán de la comercialización. Al justificar el esquema, Ramos Napoli explicó: “Terminar el reactor es fundamental, pero también tenemos que asegurarnos de que pueda producir y generar valor. La planta asociada es la que nos permitirá convertir la capacidad del RA-10 en radioisótopos para el sistema de salud, exportaciones y divisas”, remarcando que el proceso se hará “sin resignar ninguna de las responsabilidades que corresponden al Estado en materia nuclear”.
Sobre el encuadre legal y antecedentes industriales, el modelo se fundamenta en la Ley 24.804 de Actividad Nuclear, norma que reserva para el Estado la fijación de políticas, la fiscalización y la seguridad, mientras habilita la participación privada en la producción y venta de bienes. Como antecedente exitoso de articulación mixto, la CNEA recordó el caso de CONUAR (fábrica de componentes para combustibles nucleares), donde el Estado convive con el sector privado.
En relación con el rol de las instituciones, la CNEA se mantiene como propietaria de la tecnología y responsable del proyecto, mientras que la empresa estatal INVAP actúa como gestora principal y proveedora de la ingeniería especializada.
Soberanía tecnológica e impacto en el sistema de salud
La finalización de la obra civil y el montaje técnico del RA-10 representan la consolidación de un activo estratégico capaz de garantizar el autoabastecimiento de molibdeno-99 y otros radioisótopos fundamentales para la medicina nuclear.
El esquema propuesto para la planta asociada busca asegurar el eslabón final de la cadena de valor, permitiendo que la inversión pública realizada en el reactor se traduzca en exportaciones masivas, generación de divisas y provisión de insumos clave para los centros de salud locales e internacionales.